¿Está el Gobierno de México mejor preparado para responder a los riesgos de seguridad energética?

La seguridad energética ha dejado de ser un tema técnico reservado a especialistas. Hoy, es una preocupación nacional que afecta directamente la estabilidad económica, el desarrollo industrial y la calidad de vida de millones de mexicanos. A medida que el sistema energético del país enfrenta una transición forzada entre el modelo fósil tradicional y una nueva matriz más sostenible, la pregunta es inevitable: ¿está el gobierno mexicano realmente mejor preparado para responder a los riesgos de seguridad energética que hace una década?

Algunos avances son indiscutibles. El gobierno ha emprendido esfuerzos significativos para fortalecer la autosuficiencia, como la modernización de las refinerías existentes, la construcción de Dos Bocas, la renovación de centrales hidroeléctricas de la CFE y la expansión de gasoductos. Estas medidas, enfocadas en reducir la dependencia externa —particularmente del gas natural estadounidense—, reflejan una visión estratégica más consciente de la vulnerabilidad estructural del país.

También se han fortalecido algunas capacidades operativas. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha demostrado capacidad de respuesta ante eventos críticos, como los apagones durante la tormenta invernal de Texas en 2021. Aunque hubo afectaciones importantes, se implementaron protocolos de forma más coordinada y ágil que en crisis anteriores, lo cual habla de un aprendizaje institucional.

Pero los avances conviven con contradicciones preocupantes. La política energética actual privilegia el fortalecimiento de la CFE, en detrimento del desarrollo de energías renovables y la participación privada. La cancelación de subastas eléctricas, los cambios normativos constantes y la incertidumbre regulatoria han debilitado la inversión en tecnologías limpias, justo en el momento en que el país debería diversificar su matriz energética para aumentar su resiliencia.

Más aún, los riesgos contemporáneos —cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos, ciberseguridad— exigen una visión integral que aún no se consolida. La seguridad energética ya no puede limitarse a generar más megavatios; implica asegurar estabilidad, flexibilidad, sostenibilidad y acceso equitativo a largo plazo.

En este contexto, sí, el gobierno está mejor preparado en algunos frentes, especialmente en infraestructura crítica y gestión operativa. Pero no es suficiente. La seguridad energética del futuro dependerá de una estrategia que supere el enfoque centralizado y reactive la colaboración público-privada, la innovación tecnológica y la planeación con visión de largo plazo.

Porque asegurar la energía no es solo una cuestión de soberanía: es una condición indispensable para el futuro de México.

Es miembro senior y fundador del capítulo Yucatán de la IEEE. Fue presidente de FECIME y del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Yucatán (CIMEY), presidente fundador de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos (AYCE) y miembro de la XIX comisión ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros UMAI.

Ha fungido como tercero especialista de ASEA en sistemas de seguridad comercial y como perito en ingeniería mecánica eléctrica del PJF. Es tesorero de ASME sección México, miembro del consejo consultivo de FECIME, Tecmilenio, casa segura (de alcance nacional) y de la Asociación EXATEC Yucatán.