La seguridad eléctrica en México enfrenta una paradoja profundamente arraigada: mientras las instalaciones domiciliarias suelen presentar deficiencias graves por incumplimiento de la normatividad vigente, el mercado continúa favoreciendo prácticas que priorizan el menor costo por encima de la calidad y la seguridad. Este escenario coloca en tensión a profesionales, colegios de ingenieros y empresas formalmente establecidas, que se enfrentan no sólo a los retos técnicos del sector, sino también a una competencia que opera al margen de obligaciones fiscales, laborales y normativas.

En el origen del problema convergen tres actores: el cliente, el constructor y el electricista. El cliente, motivado principalmente por el presupuesto, busca "lo más barato”, muchas veces sin considerar que una instalación económica puede resultar más costosa —e incluso peligrosa— a largo plazo. El constructor, por su parte, suele replicar esta lógica al contratar mano de obra que garantice costos mínimos y entregas rápidas, bajo la premisa de que "funcione bien” en el momento de la entrega. Finalmente, el electricista informal recurre a los materiales más económicos para mantenerse competitivo en un mercado donde el precio es el principal diferenciador. Este triángulo perpetúa un ciclo donde la calidad y la seguridad quedan relegadas a un segundo plano.

A diferencia de esta competencia informal, las empresas debidamente establecidas en el ramo eléctrico cargan con responsabilidades empresariales significativas: pago de impuestos, seguridad social, INFONAVIT, prestaciones, costos operativos, certificaciones y cumplimiento de esquemas como REPSE o padrones de contratistas. Estos compromisos elevan naturalmente su estructura de costos y hacen prácticamente imposible competir en el segmento doméstico sin sacrificar requisitos técnicos esenciales. Para igualar precios tendrían que omitir circuitos mínimos, reducir protecciones, ignorar criterios de áreas húmedas, disminuir calibres de conductores o instalar interruptores inadecuados, comprometiendo así la seguridad eléctrica.

Los colegios de ingenieros y asociaciones técnicas han insistido en que el camino correcto es fomentar el cumplimiento normativo, capacitar, divulgar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de instalaciones seguras y correctamente diseñadas. Sin embargo, aquí surge la pregunta crucial: ¿debe esta capacitación extenderse también a quienes representan la llamada "competencia desleal”? ¿Ayuda realmente capacitar al electricista informal o simplemente fortalece a quien opera fuera del marco regulatorio, sin que ello se traduzca en mayor seguridad real?

La respuesta no es sencilla. Por un lado, mejorar el nivel de conocimiento técnico en el sector puede elevar el estándar general de seguridad. Pero por otro, mientras no exista una política pública que obligue al cumplimiento normativo y fomente la formalidad, el problema persistirá. Capacitar sin regular equivale a dar mejores herramientas sin exigir responsabilidad.

La paradoja continúa: la seguridad eléctrica es un asunto de interés público, pero su aplicación recae en un mercado que premia el menor costo. La solución requiere un enfoque integral que combine educación, regulación efectiva, incentivos a la formalidad y campañas de sensibilización al usuario final. Solo así podrá romperse el ciclo que ha mantenido a la seguridad eléctrica como una aspiración más que como una realidad cotidiana.