Hoy estuve en una conferencia muy interesante sobre cómo están ocurriendo los cambios en la legislación y regulación de las Telecomunicaciones en México denominada "El regreso a la primera generación de regulación" por Luis Miguel Martinez Cervantes y me toca hacer un resumen como parte de las actividades del evento, sin embargo me gustaría compartirles mis notas y ponerlas a sus comentarios.

La regulación en Telecomunicaciones se refiere al conjunto de normas y leyes que regulan la transmisión, emisión y recepción de información a través de medios electrónicos, ya sea redes de telefonía, internet, radio y televisión.

Se identifican 3 intereses:

Económico, donde rige el dinero

Político, donde rige el poder

Social, donde rige la gente

Para todo sistema regulatorio se sugiere como escenario ideal la autorregulación, esto se explica más adelante con las generaciones que definen la evolución de la regulación de los medios de telecomunicaciones según el ICT Regulatory Tracker de ITU. Estas proveen un marco conceptual para entender y analizar la madurez de los mercados de telecomunicaciones a nivel mundial.

Generación 1. El estado es dueño de los sistemas de telecomunicaciones y proveedor único de servicios (ejemplo Cuba).

Generación 2. Apertura de mercados basado en la tendencia neoliberal a partir de los años 70’s-80’s, en la cual se reduce la participación del estado (ejemplo Guatemala).

Generación 3. Se promueve la inversión privada en el mercado, diversificando los proveedores y su participación en medios. Existe una autonomía de la entidad reguladora con el estado (ejemplo México).

Generación 4. Entorno integrados donde las entidades reguladoras y regulados interactúan por medio de comités o grupos de trabajo donde el diálogo es abierto y claro; se habilita la inversión y acceso al mercado (ejemplo Colombia).

Generación 5. Es un modelo de regulación colaborativa en donde el regulador es un testigo y se establecen acuerdos entre los sectores del mercado. Dependiendo de cómo se conduzcan sus políticas, regulación y gobernanza; pueden catalogarse en Limitado, En Transición, Avanzado y Líder (ejemplo No disponible).

México actualmente está pasando por un proceso muy delicado de redefinición en su regulación de telecomunicaciones, ya que desde diciembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que modifica artículos que extinguen los órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) con el pretexto de simplificación. También se modificó la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFMTR) para fortalecer el control del estado sobre este sector.

Estos cambios están desestabilizando las reglas del juego y la continuidad de jugadores en el mercado de las telecomunicaciones en México. Para 2025 se anunciaron más cambios donde se pretende regular las redes de telecomunicaciones y a sus operadores, lo cual se ha interpretado como un movimiento de censura por parte del gobierno mexicano al querer tomar el control de los medios de telecomunicación, dándose atribuciones para sacar operadores o contenidos que el estado considere violen la ley.

Es por esto, que México está a un paso de regresar a la generación 1, ya que el estado está por convertirse en dueño de los sistemas de telecomunicaciones y proveedor único de servicios, extinguiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), convirtiendo en una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dependiente del Gobierno. Estos movimientos evidentemente están poniendo en tela de juicio la certeza jurídica y la neutralidad de competencia para el sector.

El gobierno mexicano pasaría a ser competidor poniendo a su favor las condiciones del mercado. Quedan las regulaciones internacionales que obligan a México a apegarse a ciertas regulaciones que podrían considerarse vigentes, pero el principio de neutralidad queda vulnerado, poniendo en riesgo la gobernanza regulatoria de las telecomunicaciones en México.

En conclusión, los cambios que se están gestando en esta materia ponen al país en un nivel de riesgo, incertidumbre y retroceso que para nada beneficia, ni ahora ni en los próximos años.