El tema de las tarifas eléctricas residenciales resulta fascinante y complejo. Consideremos lo siguiente: el 80% de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son usuarios residenciales, pero estos aportan apenas el 20% de la facturación total de la empresa. Además, solo el 5% de estos usuarios están clasificados en la tarifa de Alto Consumo Doméstico (DAC).
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la política económica en materia de tarifas residenciales se enfocó en mantener satisfecha a la población, evitando incrementos en los costos. Las tarifas residenciales permanecieron desvinculadas de las variaciones en los precios de los combustibles y el tipo de cambio. En algunos casos, incluso, los subsidios se incrementaron. Con la implementación de la Ley de la Industria Eléctrica y la reestructuración de la CFE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) asumió el control de la metodología para fijar los precios de venta de energía eléctrica, acordando que las tarifas residenciales no experimentarían cambios significativos.
No obstante, esta decisión desató una controversia considerable sobre los subsidios. La posibilidad de que empresas privadas prestaran servicios de energía a usuarios residenciales generó inquietud. Esto se intensificó con el aumento de los precios de los combustibles y la limitada capacidad de generación eléctrica a bajo costo, lo que dificultaba compensar el subsidio y generar utilidades. Un argumento recurrente en este debate era que el Estado debía operar bajo un modelo de libre mercado, eliminando los subsidios o, en su defecto, garantizando que el gobierno asumiera su costo en favor de las empresas proveedoras de servicios básicos.
Desde una perspectiva neoliberal, se plantea que la energía subsidiada, al ser más barata y accesible no promueve un uso responsable. Según esta teoría, cuando la electricidad representa menos del 5% del gasto familiar, su bajo costo genera poca conciencia sobre el ahorro energético. Por otro lado, eliminar subsidios no solo promovería un consumo más eficiente, sino que también liberaría al Estado de la carga financiera asociada. Aunque esta idea no se ha implementado en México, sigue siendo objeto de análisis, especialmente considerando los casos de éxito en otros países donde los subsidios han sido eliminados.
El análisis de las tarifas eléctricas residenciales nos lleva a cuestionarnos sobre el equilibrio entre la sostenibilidad económica, la responsabilidad social y el uso eficiente de los recursos. ¿Cómo podemos garantizar que la energía eléctrica sea accesible para todos sin comprometer las finanzas públicas ni incentivar el consumo irresponsable? La solución a este dilema requiere un diálogo informado y participativo que contemple no solo la economía, sino también la justicia social y el impacto ambiental. ¿Estamos preparados como sociedad para tomar decisiones que transformen nuestro modelo energético?
IME Jorge H. García Valladares
Ingeniero Mecánico Electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con Maestría en Administración de la Construcción.
Entre sus principales aportaciones a la sociedad se encuentran la participación en diferentes comités de normalización, eficiencia energética, sustentabilidad, docencia y ha escrito diversos artículos para revistas y periódicos locales y nacionales, así como conferencias a nivel nacional e internacional relacionadas con la gestión energética y sustentabilidad.
Es especialista en Sistemas de Seguridad Comercial. Perito en Ingeniería mecánica y eléctrica del PJF
Miembro del consejo consultivo de FECIME, Tecmilenio, Casa Segura (de alcance nacional) y de la Asociación EXATEC Yucatán.
Es miembro senior y fundador del capítulo Yucatán de la IEEE. Presidente fundador de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos (AYCE)miembro de la XIX comisión ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros UMAI.
