El desarrollo de una ciudad inevitablemente transforma el territorio. Se construyen viviendas, hoteles, industrias, vialidades e infraestructura para atender a una población que crece y a una economía que busca nuevas oportunidades. El problema no está en construir. El verdadero desafío está en hacerlo sin comprometer las condiciones que permiten que ese mismo territorio siga siendo habitable en el futuro.

El caso reciente de Las Dunas de Chuburná ha colocado nuevamente esta discusión en el centro de la conversación pública. Más allá de las autorizaciones que correspondan y de las revisiones que actualmente realizan las autoridades, existe una reflexión que trasciende a un proyecto específico: el cumplimiento de la normatividad ambiental no debería considerarse un obstáculo para la inversión, sino una de las herramientas que permiten que una inversión pueda sostenerse en el tiempo.

Una norma ambiental no aparece para complicar innecesariamente un proyecto. Surge, al menos en principio, porque existe una condición del territorio que debe ser considerada antes de modificarlo. En una zona costera, por ejemplo, una duna no representa simplemente un terreno disponible para construir. Forma parte de un sistema que participa en la protección del litoral, en el movimiento natural de la arena y en el equilibrio de otros ecosistemas asociados.

Cuando un proyecto se diseña sin comprender esas condiciones, el problema puede no hacerse evidente el día en que se coloca la primera piedra. Sus consecuencias pueden aparecer años después, cuando recuperar aquello que se modificó resulta mucho más costoso, o incluso imposible.

Por eso, la sustentabilidad de una obra comienza mucho antes de elegir materiales eficientes, instalar paneles solares o incorporar sistemas de ahorro de agua. Comienza con una decisión mucho más elemental: entender el lugar donde se pretende construir y respetar las condiciones que hacen posible su funcionamiento.

La normatividad cumple precisamente esa función. Establece límites, pero también proporciona certidumbre. Permite conocer qué puede hacerse, en qué condiciones y qué elementos deben conservarse para evitar que una decisión particular termine generando un problema colectivo.

Esto es particularmente importante para quienes invierten. El cumplimiento ambiental no debería verse solamente como un requisito que debe superarse para obtener un permiso. Forma parte de la gestión de riesgos de cualquier proyecto. Una inversión que aparentemente resulta rentable puede perder buena parte de su valor si posteriormente enfrenta restricciones, sanciones, conflictos sociales, daños ambientales o la necesidad de corregir decisiones que pudieron haberse previsto desde el principio.

La eficiencia y la sustentabilidad tampoco son conceptos separados del desarrollo económico. Una obra bien planeada utiliza mejor los recursos, consume menos energía y agua, genera menos residuos y se adapta mejor a las condiciones del sitio. En otras palabras, puede ser más eficiente precisamente porque fue diseñada considerando aquello que no debía modificarse.

El verdadero desarrollo no consiste en encontrar la manera de construir a pesar de las restricciones del territorio. Consiste en encontrar la manera de construir respetándolas.

Porque cuando una norma ambiental parece ser un obstáculo para un proyecto, quizá lo que está señalando no sea que el proyecto no puede realizarse, quizá esté indicando que necesita ser diseñado de otra manera.