El sistema eléctrico mexicano opera bajo un esquema de subsidios generalizados a las tarifas domésticas que, aunque concebido con un objetivo social, ha generado distorsiones técnicas y económicas relevantes en la señal de precio de la energía. Al mantener el costo del kilowatt-hora por debajo de su valor real de generación, transmisión y distribución, se rompe la relación directa entre consumo y costo, trasladando ineficiencias tanto al operador como al usuario final.

Desde una perspectiva técnica, el precio de la energía es uno de los principales mecanismos para inducir eficiencia. Cuando el precio se encuentra artificialmente bajo, el consumidor carece de incentivos reales para optimizar su demanda o invertir en tecnologías de mayor eficiencia energética. El resultado es un patrón de consumo creciente que incrementa la carga del Sistema Eléctrico Nacional sin una mejora proporcional en la confiabilidad o sostenibilidad.

Esta relación se vuelve evidente cuando se observa el comportamiento de los usuarios domésticos que migran a la tarifa de alto consumo. Una vez superado los límites de subsidio, el aumento en el costo marginal del kWh genera una respuesta inmediata. Se revisan hábitos, se limita el uso de equipos de alta demanda, se sustituyen aparatos obsoletos y, en muchos casos, se evalúa la viabilidad de incorporar sistemas fotovoltaicos. El mensaje técnico es claro: cuando el precio refleja el costo real, la eficiencia se vuelve una decisión económica racional y no una mera recomendación.

La distorsión tarifaria también impacta directamente en la inversión tecnológica. Equipos certificados de alta eficiencia, sistemas de climatización modernos, y tecnologías de automatización presentan retornos de inversión altamente rentables al precio de la energía. Un esquema tarifario realista permitiría que estas decisiones se sustenten en análisis técnico-financieros sólidos, en lugar de depender de incentivos artificiales.

Desde el punto de vista sistémico, la reducción del subsidio generalizado liberaría recursos fiscales que podrían destinarse a la modernización de redes de transmisión y distribución, a la reducción de pérdidas técnicas y a la mejora de la confiabilidad del suministro. Asimismo, operar bajo costos más transparentes incrementaría la presión para mejorar la eficiencia operativa de los usuarios del sector eléctrico, alineando desempeño técnico con sostenibilidad ambiental y financiera.

No obstante, cualquier modificación al esquema tarifario debe incorporar criterios de equidad social. El problema no es la existencia de apoyos, sino su carácter indiscriminado. Desde una óptica técnica, resulta más eficiente sustituir el subsidio generalizado por mecanismos focalizados que garanticen un consumo básico esencial, mientras que el consumo adicional se facture a precios que reflejen el costo real del sistema. Este enfoque protege a los sectores vulnerables sin distorsionar la señal económica del resto de la demanda.

Aceptar el costo real de la electricidad no constituye una penalización, sino una condición necesaria para avanzar hacia un sistema eléctrico más eficiente, confiable y sostenible. Mientras el precio continúe ocultando las verdaderas condiciones operativas del sistema, la ineficiencia seguirá trasladándose al conjunto de los usuarios y a las finanzas públicas. Alinear precio, consumo y responsabilidad técnica es un paso incómodo, pero indispensable, para fortalecer el desempeño del sistema eléctrico nacional y construir una cultura energética basada en eficiencia y racionalidad económica.

Es miembro senior y fundador del capítulo Yucatán de la IEEE. Fue presidente de FECIME y del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Yucatán (CIMEY), presidente fundador de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos (AYCE) y miembro de la XIX comisión ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros UMAI.

Ha fungido como tercero especialista de ASEA en sistemas de seguridad comercial y como perito en ingeniería mecánica eléctrica del PJF. Es tesorero de ASME sección México, miembro del consejo consultivo de FECIME, Tecmilenio, casa segura (de alcance nacional) y de la Asociación EXATEC Yucatán.