Los impuestos se establecen con la finalidad de hacer frente al gasto público de un país, dentro de los cuales, una segmento importante son los servicios públicos, por lo tanto es indispensable que se establezcan mecanismos que garanticen que la recaudación será utilizada íntegramente para dichos fines, ampliar la base de contribuyentes para no sobrecargar a los cumplidos y desalentarlos, así como la prevención y combate a la evasión e informalidad, para que el estado pueda tener la garantía por parte de los ciudadanos que éstos harán su parte, es decir, contribuir.

Se puede afirmar, luego entonces, que se establece una relación entre dos partes que deben compartir la voluntad y un entendimiento mutuo sobre lo que le corresponde a cada quien, pero al mismo tiempo, persiguiendo el mismo objetivo: el cumplimiento en tiempo y forma del aspecto tributario; es decir, por un lado, los contribuyentes asumen el compromiso de ocuparse de sus asuntos fiscales por iniciativa propia y de pagar sus impuestos de manera íntegra y puntual y por otro lado, la administración pública muestra disposición y apertura para ofrecer procedimientos apropiados para el cumplimiento, comunicación y solución de controversias con los ciudadanos que contribuyen para los fines anteriormente descritos.

Por otro lado, en México, se observan altas tasas de evasión, informalidad y corrupción, indicadores que instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coinciden en que su comportamiento pudiera estar asociado al malestar y percepción de los ciudadanos por una ineficiente administración de los recursos públicos, poca transparencia en la rendición de cuentas,  impunidad y mala calidad de servicios públicos. En consecuencia, la recaudación en México del 16.5 como porcentaje del producto interno bruto en el 2019, está por debajo de la media en países de dicha institución (33.8%), incluso en comparación con países en Latinoamérica tales como Brasil o Chile.

Abonando a lo anterior, el contribuyente tiene una carga administrativa importante en el cumplimiento de formalismos ahora electrónicos, característica del sistema tributario mexicano que es considerada una debilidad a juzgar de Tax Fundation en su reporte denominado International Tax Competitiveness Index 2020, además de la obligación de verificar que los comprobantes que emiten los proveedores, contengan todos los requisitos fiscales para que se puedan considerar como deducibles, además de la necesidad de verificar constantemente acerca del cumplimiento de sus obligaciones, solicitando para esto, su opinión de cumplimiento en la cual se pueda validar que se encuentran al corriente en dichas obligaciones, no tenga créditos fiscales, incluso de los últimos 4 ejercicios fiscales, máxime de tener que demostrar que recibí el producto o servicio de mi proveedor cuando éste no pueda ser localizado en su domicilio fiscal, o la imposibilidad de demostrarle a la autoridad fiscal, que contaba con infraestructura, personal o capacidad material para llevar a cabo la prestación de dichos servicios o la elaboración de los productos, es decir, el contribuyente se vuelve a su vez, un fiscalizador tributario.

Por último, en México tiene una estructura jurídica y también en los hechos, desde su formación histórica, basada en la obligatoriedad, por lo que es importante los diferentes actores tales como gobierno, sociedad y empresarios, se pongan de acuerdo para iniciar una verdadera transición a una relación cooperativa, empezando paulatinamente por la implantación de una cultura ético-contributiva, que empodere a los contribuyentes para que éstos tengan la voluntad de coadyuvar al sostenimiento de los gastos públicos y cómo funcionan los diferentes regímenes tributarios, implementar la enseñanza del funcionamiento de la sociedad en su conjunto, y que la administración pública, en sus 3 niveles (federal, estatal y municipal) deje de ver al contribuyente como un presunto culpable y fiscalizador de los demás contribuyentes,  para verlo como un colaborador o asociado estratégico con un fin en común: el bienestar de una nación.